Concurso de Acreedores

El concurso de acreedores es un procedimiento legal diseñado para proteger los derechos de los acreedores y los intereses de la empresa en dificultades financieras. Se trata de una herramienta muy útil para aquellas empresas que se encuentran en situación de insolvencia y necesitan reestructurar sus deudas y activos.

El concurso de acreedores se inicia por una solicitud presentada por la empresa ante el juzgado de lo mercantil competente, que suele ser el del domicilio social de la empresa. A partir de ese momento, la empresa pasa a estar bajo la tutela del juez y se abre un periodo de negociación con los acreedores para intentar llegar a un acuerdo que permita la continuidad de la empresa.

En el concurso de acreedores, el papel del abogado es fundamental. Los abogados especializados en derecho mercantil y concursal son los encargados de representar a la empresa ante el juez y de llevar a cabo las negociaciones con los acreedores. Su objetivo es lograr un acuerdo que permita la continuidad de la empresa, evitando su liquidación y minimizando el impacto económico y social.

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El abogado asesora a la empresa en todo momento y le ayuda a tomar las mejores decisiones en cada momento del proceso. Desde el inicio del concurso de acreedores, el abogado se encarga de recopilar toda la información necesaria sobre la situación financiera de la empresa, así como de elaborar y presentar los informes requeridos por el juez.

Durante el proceso de negociación con los acreedores, el abogado defiende los intereses de la empresa y trata de conseguir las mejores condiciones posibles para el acuerdo. Para ello, puede proponer medidas de reestructuración de la deuda, como quitas o esperas, o la venta de activos no esenciales.

En definitiva, el concurso de acreedores es una herramienta esencial para aquellas empresas que se encuentran en situación de insolvencia y necesitan reestructurar sus deudas y activos. El papel del abogado especializado en derecho mercantil y concursal es fundamental para lograr un acuerdo que permita la continuidad de la empresa y la protección de los derechos de los acreedores.

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